Cuatro son las líneas de acción que ha definido el Comité de Riesgos y Emergencias Patrimoniales (GRyE) del CNCR para el periodo 2022-2026. Su coordinadora, Carolina Cortés González, señala que ellas corresponden al fortalecimiento de la red de protección del patrimonio cultural; el incremento de la comprensión del riesgo en el patrimonio cultural; la preparación para una respuesta eficiente; y el fortalecimiento de procesos de recuperación.

“Estas definiciones se obtuvieron luego de evaluar tanto el trabajo previo realizado por el Comité GRyEP como los lineamientos definidos en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PENRRD) 2020-2030. Es resultado de un análisis que realizó el comité en 2021, basado en las orientaciones de la directora, considerando la nueva institucionalidad para la gestión del riesgo de desastres y la institucionalidad cultural que también se encuentra en proceso de ajustes. A partir de allí tratamos de perfilarnos siguiendo esas directrices, buscando integrar patrimonio cultural y gestión de riesgos”, explica.

Con estos lineamientos esperan “consolidar, dar continuidad y promover la implementación de iniciativas para la gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural del país, aprovechando las directrices entregadas por el PENRRD y los compromisos que deben asumir distintos ministerios y servicios públicos, incluyendo el sector cultura”, añade.

Desarrollo de redes externas

El Comité GRyEP tiene como misión contribuir al diseño y desarrollo de iniciativas orientadas a la gestión de riesgos y emergencias mediante la coordinación interinstitucional, acciones de investigación, transferencia de conocimientos, asistencia técnica y difusión, para coadyuvar con la reducción de factores y agentes de vulnerabilidad asociados al patrimonio cultural del país. Lo integran representantes de distintas unidades: María Isabel Amaya Torres (UCC), Natalia Naranjo Mogollones (UPAE), Natalia Salazar Aguilera (UPCE) y Darío Toro Balbontín (UPT), a los que se sumó a partir del año 2021 el rol de coordinación, ejercido por Carolina Cortés González.

Además de los objetivos a cumplir al interior de la institución, el comité busca contribuir en propiciar la acción coordinada dentro del Serpat y el desarrollo de redes con otras instituciones, trabajando en conjunto con profesionales que han estado desarrollando estos temas desde hace años. Bernardita Ladrón de Guevara, jefa de la Unidad de Patrimonio y Territorio del CNCR, quien junto con el Consejo de Monumentos Nacionales coordina la Mesa de Patrimonio y Gestión de Riesgo de Desastres de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, explica que “se busca avanzar en la resiliencia del patrimonio frente a desastres, reduciendo gradualmente su vulnerabilidad frente a amenazas, muchas de las cuales se han incrementado producto del cambio climático. Todo ello en el marco de una política y un plan nacional y transversal que persigue lo mismo para el país, su población y su infraestructura”.

Junto con representantes de siete unidades del Serpat, la mesa está compuesta por representantes de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ICOMOS y las universidades Federico Santa María y de La Serena. Las metas específicas a abordar por la mesa se sitúan en la fase de preparación.

Existen tres metas (al  2026-2029) que corresponden a metodologías para la evaluación de riesgo en el patrimonio cultural, para la evaluación directa de daños en patrimonio cultural producto de desastres y de lineamientos de protección, restauración, reforzamiento u otras para reducir vulnerabilidad en bienes patrimoniales.

Por otra parte, añade Bernardita Ladrón de Guevara, se busca avanzar en fomentar la recuperación sostenible, cuantificando las pérdidas, por lo que estamos trabajando en una de las metas del Plan, definidas en el Marco de Sendai, que tiene relación con implementar metodologías para la evaluación y afectación, daños y pérdidas, directas e indirectas, producto de desastres y catástrofes, que apoyen a la institucionalidad en la toma de decisiones y planificación en base a información intersectorial de calidad, junto con diseñar y validar una metodología para la cuantificación de las pérdidas económicas causadas directamente por desastres en relación al Producto Interno Bruto (PIB).